Pese a que el proyecto esté en barbecho y la propia Administración autonómica considere que es muy posible que acabe por no realizarse, tal y como reconoció la consejera de Economía y Hacienda, Natàlia Mas, hace una semana, el Hard Rock Entertainment World tiene tras de sí una historia de cambios de denominación e inversores que se remonta a más de una década atrás.

Pocos días antes de la primera gran manifestación independentista de la Diada, la del año 2012, el Govern de Artur Mas presentó el macroproyecto BCN World, que se iba a ubicar muy cerca del parque temático PortAventura, en unos terrenos que eran propiedad de La Caixa.

Eurovegas

Aquella iniciativa tenía un antecedente muy próximo en el tiempo, el Eurovegas con el que Cataluña y la Comunidad de Madrid que presidía Esperanza Aguirre rivalizaron durante varios meses por atraer la inversión del magnate de los casinos Sheldon Adelson en un momento en el que la irradiación de la crisis económica de 2008 seguía en picos elevados.

En un especie de subasta en la que ambos Gobiernos regionales rivalizaron por ver quién colocaba una alfombra roja más extensa, finalmente fue Alcorcón la sede que más convenció a Las Vegas Sands, la compañía que presidía el empresario estadounidense. La ubicación catalana no había estado exenta de polémica, ya que se había optado por unos terrenos en la comarca del Baix Llobregat, muy cerca del aeropuerto de Barcelona, pero también de una importante zona agrícola y del delta del Llobregat.

En un súbito giro de guion, y tras múltiples peticiones, como excepciones en la todavía joven ley antitabaco española, Adelson decidió a finales de 2013 echarse atrás en la construcción de su gran casino europeo y centrar su negocio en Asia, en enclaves mucho más laxos en fiscalidad y regulación, como Macao y Singapur.

Tribu india semínola

En Cataluña, BCN World, el sucedáneo de Eurovegas ideado por la Generalitat de la mano de Veremonte (empresa que lideraba el valenciano Enrique Bañuelos, que venía de protagonizar la sonada quiebra de la inmobiliaria Astroc) ha seguido durante más de 11 años un enmarañado periplo burocrático, con reducción de la carga fiscal a los casinos incluida.

La entrada del grupo norteamericano Hard Rock International (propiedad de la multimillonaria tribu de los indígenas semínolas de Florida) como inversor, tras la salida de Veremonte, cambió la denominación del proyecto que hoy provoca que la tramitación de los presupuestos de la Generalitat pendan de una hilo en la sesión parlamentaria del debate del proyecto de ley, con enmiendas a la totalidad por parte de Junts, Vox, la CUP, Ciudadanos y el PP, además de los comunes.

Una vez se aprobara definitivamente el nuevo PDU, Incasòl (organismo de la Generalitat encargado de la promoción de suelo para actividades económicas y la construcción de vivienda protegida) compraría por 130 millones de euros el terreno a Criteria (el instrumento inversor de La Caixa) para venderlo a continuación a Hard Rock. Las inversiones previstas para el complejo turístico y de ocio, que con la actual situación de sequía en Cataluña ha sumado nuevos argumentos en contra, están valoradas en unos 2.000 millones.

Hace un año, Aragonès tuvo que comprometerse a que el Hard Rock siguiese adelante para lograr el voto afirmativo del PSC a las cuentas de 2023, para las que únicamente tenía garantizado el apoyo insuficiente de En Comú Podem. Doce meses después, en un cambio de tornas pero con idénticos protagonistas, el jefe del Govern tiene que decir no al macrocomplejo de casinos en Tarragona si quiere que los comunes se unan al sí de los diputados socialistas.

El Gobierno de Esquerra Republicana, visiblemente incómodo con este tema desde que accedió a la petición del partido liderado por Salvador Illa hace un año, insiste en que paralizar los trámites del Hard Rock sería "prevaricar" y que no existe una mayoría parlamentaria partidaria de detener el polémico y eterno proyecto.